ACTUALIZADO: 26 de marzo de 2026

El Congreso de los Diputados de España ha aprobado una medida no vinculante que respalda la eliminación de las obligaciones de IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, lo que supone un paso significativo hacia la adopción del régimen simplificado de IVA de la Unión Europea. La propuesta, recuperada por Junts per Catalunya, salió adelante en el Congreso con un amplio apoyo, incluido el de la coalición de gobierno, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptara respaldarla como parte de sus esfuerzos para asegurar apoyo a su decreto anticrisis y a las medidas de alivio fiscal energético.

Se espera que la exención beneficie a unos 770.000 autónomos, alrededor del 22% del total, permitiéndoles dejar de repercutir el IVA en sus facturas y evitar las declaraciones trimestrales, aunque ya no podrían deducir el IVA soportado en sus gastos. El movimiento se produce en un contexto en el que España se enfrenta a acciones legales por parte de la Comisión Europea por no haber transpuesto la directiva, lo que marca un giro relevante en la política fiscal que podría reducir las cargas administrativas y redefinir el marco tributario para pequeños negocios. Dado que la medida se ha aprobado mediante una propuesta no vinculante, el Gobierno deberá ahora redactar y negociar el desarrollo legislativo necesario para incorporarla al sistema fiscal español.

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La reforma del IVA de la UE para pequeñas empresas pretende simplificar el cumplimiento fiscal para microempresas, autónomos y startups.

Según la directiva, los países pueden permitir que las empresas con una facturación anual por debajo de un determinado umbral, generalmente hasta 85.000€, opten por un régimen simplificado de IVA.

Las empresas que utilicen esta exención:

• no cobrarían IVA a sus clientes

• no tendrían que presentar declaraciones periódicas de IVA

• evitarían los pagos trimestrales de IVA

La contrapartida es que las empresas acogidas a este régimen no pueden deducir el IVA de sus gastos. Esto significa que el sistema suele beneficiar principalmente a autónomos o pequeñas empresas de servicios con costes operativos relativamente bajos.

La UE afirma que la reforma fue diseñada para reducir las cargas administrativas y fomentar el emprendimiento dentro del mercado único.

¿Por qué la Comisión Europea ha demandado a España?

La directiva obligaba a los Estados miembros a transponer las nuevas normas a su legislación nacional antes de finales de 2024. Según la Comisión Europea, España no lo hizo.

Bruselas inició un procedimiento de infracción en enero de 2025, seguido de un dictamen motivado en julio de 2025 solicitando a España que cumpliera con la normativa.

Ante la falta de cambios legislativos, la Comisión decidió remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el máximo tribunal del bloque, en marzo de 2026. Además, ha pedido al tribunal que considere la imposición de sanciones económicas si España continúa retrasando la aplicación de la directiva.

Aunque las autoridades españolas han señalado que no tienen intención de introducir la exención de IVA a nivel nacional, la Comisión sostiene que la directiva debe incorporarse igualmente al derecho interno para garantizar que las empresas españolas puedan beneficiarse del régimen cuando operen en otros países de la UE.

Impacto del conflicto del IVA en los autónomos españoles

Por ahora, nada cambia para los autónomos ni para las pequeñas empresas en España.

Los autónomos deben seguir:

• cobrando IVA en sus facturas desde el primer euro de ingresos

• presentando declaraciones trimestrales de IVA

• pagando el IVA a la Agencia Tributaria independientemente de su nivel de facturación

Esto contrasta con muchos países de la UE, donde los autónomos que se sitúan por debajo de ciertos umbrales pueden quedar completamente fuera del sistema de IVA.

Las asociaciones empresariales señalan que esta situación genera cargas administrativas y problemas de liquidez, especialmente para los autónomos que deben ingresar el IVA antes de haber cobrado a sus clientes.

La principal asociación de autónomos en España, ATA, ha sido una de las voces más críticas.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmó que la falta de una exención coloca a los trabajadores españoles en desventaja:

“España es el único Estado miembro que no aplica el régimen que permitiría eximir del IVA a quienes facturan menos de 85.000€”, afirmó Amor. “Esto tiene un enorme impacto en la actividad económica y reduce la competitividad”.

Comparación: ¿cómo aplican otros países de la UE la exención de IVA?

El retraso de España resulta llamativo porque la mayoría de los países de la UE ya han adoptado este marco armonizado.

Entre los ejemplos más destacados:

*Alemania también permite un límite de hasta 100.000€ en el año en curso si la facturación del año anterior se mantuvo por debajo del umbral.

Estos regímenes buscan reducir la burocracia para las microempresas y los autónomos, permitiendo que las autoridades fiscales concentren sus esfuerzos de control en empresas más grandes, donde el impacto recaudatorio es mayor.

Entendiendo la “excepción española”

Aunque España cuenta con regímenes fiscales simplificados como el sistema de módulos (estimación objetiva) o el recargo de equivalencia para comerciantes minoristas, estos difieren significativamente de la exención de IVA prevista por la normativa europea.

El sistema de módulos simplifica la forma en que se calcula el impuesto, pero no excluye completamente al negocio del sistema de IVA. En cambio, la directiva europea permite un modelo de “franquicia” en el que las pequeñas empresas quedan fuera de la cadena del IVA, una ventaja de la que actualmente carecen muchos autónomos españoles.

¿Por qué España ha frenado la reforma del IVA?

Las autoridades españolas sostienen que la exención de IVA es opcional, lo que significa que los Estados miembros no están obligados a aplicarla a nivel nacional.

El Gobierno también ha señalado riesgos de posibles abusos, como que algunas empresas dividan artificialmente sus actividades para mantenerse por debajo del umbral.

Algunos expertos fiscales señalan además que introducir esta exención podría requerir ajustes más amplios en el sistema tributario español, que ya cuenta con varios regímenes especiales.

No obstante, la Comisión Europea mantiene que la transposición de la directiva es obligatoria, al menos para garantizar el funcionamiento del sistema en operaciones transfronterizas dentro de la UE.

El conflicto con el sistema de módulos

El mayor obstáculo para la reforma podría ser el sistema de estimación objetiva o módulos.

En este régimen, cientos de miles de autónomos españoles,  especialmente en sectores como hostelería, transporte o pequeños negocios, pagan una cantidad fija de impuestos independientemente de sus ingresos reales.

La introducción de una exención de IVA basada en facturación podría generar varios problemas:

Solapamiento de sistemas: una exención basada en facturación crearía una capa simplificada adicional que podría entrar en conflicto con los módulos.

Sensibilidad política: eliminar o reformar el sistema de módulos es políticamente complejo, ya que afecta a sectores con gran peso económico, como taxistas o pequeños negocios de construcción.

Algunos expertos fiscales señalan que el retraso en aplicar la directiva europea podría estar relacionado con el intento del Gobierno de evitar un debate más amplio sobre la posible eliminación de los módulos, un sistema que la UE lleva años criticando por su falta de transparencia.

Riesgo de fraude fiscal y división de empresas

El Ministerio de Hacienda también ha expresado preocupaciones sobre posibles riesgos de fraude si se introduce un umbral fijo de exención, como los 85.000€.

Uno de los principales temores es la división artificial de negocios, donde una empresa podría fragmentarse en varias entidades más pequeñas para mantenerse por debajo del límite y evitar el IVA.

Además, España ha invertido en sistemas avanzados de control fiscal digital, como SII (Suministro Inmediato de Información) o el futuro sistema VeriFactu, cuyo despliegue se ha retrasado hasta 2027.

Funcionarios de Hacienda sostienen que excluir a las empresas más pequeñas del sistema de declaraciones de IVA podría crear un “agujero negro” de información, dificultando el cruce de datos con proveedores y clientes de mayor tamaño.

Por ahora, sin exención de IVA para autónomos y pymes

El proceso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea suele tardar meses o incluso más tiempo en resolverse.

Por ello, las normas actuales del IVA en España siguen vigentes. Los autónomos deben continuar cobrando IVA, presentando declaraciones trimestrales y cumpliendo con la normativa fiscal actual.

Cualquier cambio requeriría nueva legislación nacional, algo que podría tardar incluso si el tribunal europeo finalmente falla en contra del Gobierno español.